El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reforzó la coordinación entre instituciones estatales y federales para ampliar la orientación y representación jurídica de las personas privadas de la libertad en los centros estatales de reinserción social. La Defensoría Pública del Estado, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y el Instituto Federal de Defensoría Pública acordaron establecer una ruta conjunta para revisar casos que requieran acompañamiento legal y expedientes susceptibles de acceder a beneficios previstos por la legislación. El titular de la Defensoría Pública estatal, Edgar Valdez Zavala, explicó que este trabajo permitirá acercar asesoría a quienes no cuentan con recursos para contratar una defensa particular, mediante jornadas jurídicas que ya se realizan dentro de los centros penitenciarios. La revisión contempla también posibles beneficios como la preliberación, siempre que cada caso cumpla con los requisitos establecidos por la ley. La estrategia contempla atención en las distintas regiones de la entidad y pone especial atención en personas que puedan requerir acompañamiento adicional. En febrero de 2026, las jornadas jurídicas estatales reportaron atención a personas privadas de la libertad en Ciudad Valles, Tamazunchale, Tancanhuitz y Rioverde, como parte de una coordinación que busca facilitar el acceso a la justicia y favorecer procesos adecuados de reinserción. Con estas acciones, la administración estatal mantiene una política penitenciaria que combina seguridad, acompañamiento jurídico y reinserción social. A esta labor se suman programas de educación, capacitación, trabajo, salud y deporte dentro de los centros, ejes que el Gobierno Estatal identifica como herramientas para facilitar la reincorporación de las personas a la sociedad.