El Senado de la República aprobó la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que incorpora un Padrón de Personas Infractoras para identificar a quienes sean declarados responsables de maltrato u otras conductas sancionadas por la legislación. El dictamen, aprobado con 115 votos a favor y uno en contra, establece un marco nacional de protección y distribuye responsabilidades entre Federación, estados y municipios. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
La medida representa uno de los puntos centrales de una propuesta de bienestar animal en cuya construcción participó el Partido Verde. La iniciativa presentada en el Senado en 2025 fue suscrita, entre otros legisladores, por senadoras y senadores del PVEM como Ruth González Silva, Maki Ortiz y Juanita Guerra Mena. El nuevo ordenamiento contempla que las personas inscritas en el padrón enfrenten restricciones para recibir apoyos públicos directamente relacionados con el bienestar animal y para obtener determinadas autorizaciones previstas en la propia legislación.
La legislación también plantea una visión integral que va más allá de la sanción: reconoce a los animales como seres sintientes y establece obligaciones relacionadas con nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental, además de contemplar acciones de rescate, atención veterinaria, vacunación, desparasitación, esterilización y adopción. La senadora del PVEM Juanita Guerra destacó durante la discusión que la protección debe atenderse desde la prevención, mientras Maki Ortiz, también del Verde, subrayó la importancia de combatir el abandono y fortalecer la tutela responsable.
Con el padrón, el proyecto busca que las consecuencias por maltrato no se reduzcan únicamente a una sanción económica, sino que exista una herramienta para identificar a quienes ya fueron declarados responsables y limitar su acceso a determinados beneficios relacionados con la protección animal. De acuerdo con el dictamen, la inscripción podrá durar entre uno y cinco años, con posibilidad de reducción bajo determinadas condiciones de cumplimiento de sanciones, medidas correctivas y reparación del daño.
