La aspiración de Gerardo Sánchez Zumaya a la gubernatura de San Luis Potosí vuelve a enfrentar una nueva ola de cuestionamientos tras la publicación de un reportaje de Reporte Índigo, que retoma denuncias presentadas ante autoridades federales y lo señala como presunto líder de una organización vinculada con lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos desde instalaciones de Pemex.
De acuerdo con la investigación citada, el empresario aparece relacionado con una presunta red que habría utilizado empresas fachada, prestanombres y facturación multimillonaria para mover recursos, además de operaciones vinculadas con instalaciones estratégicas de Pemex y compañías en Texas. La publicación sostiene que el esquema habría involucrado a personas cercanas y familiares del aspirante.
El reportaje también refiere que entre 2022 y 2024 al menos quince personas físicas habrían emitido comprobantes fiscales por más de 15 mil millones de pesos, pese a que, según la denuncia, no contaban con infraestructura industrial, patrimonio o capacidad económica para realizar esas operaciones.
Mientras Sánchez Zumaya mantiene su intención de competir por la gubernatura, la investigación vuelve a colocar en el centro del debate el origen de su patrimonio y los señalamientos que rodean su trayectoria política y empresarial, alimentando una controversia que sigue creciendo conforme avanza el proceso rumbo a 2027.
